Detenciones en Venezuela tras el 28J: ¿Presos políticos o criminales?
Durante los posteriores a las elecciones generales de Venezuela fueron destruidos 250 módulos policiales y atacados 3 hospitales, 6 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 1 Centro de Alta Tecnología (CAT), 30 ambulatorios, 1 farmacia y 6 centros de almacenamiento de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). | Foto: Primicias Venezuela
13 de noviembre de 2024 Hora: 10:20
Los detenidos tras disturbios poselectorales de Venezuela que dejaron varios muertos y cientos de delitos contra la infraestructura como el incendio se encuentran en pleno proceso de investigación. El Ministerio Público difundió pruebas de acciones terroristas planificadas; la oposición señala persecución política.
Tras los comicios presidenciales del 28 de julio, fueron detenidos individuos implicados en disturbios, calificados de actos “terroristas” por la Fiscalía General de la República de Venezuela y atribuidos a grupos financiados por sectores de oposición.
En ese sentido, tanto el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, han mostrado en reiteradas ocasiones material audiovisual, testimonios y documentos que respaldan la versión de una acción planificada por la derecha extrema derrotada en los comicios antes mencionados.
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Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostiene en base a informes de ONGs financiadas desde el exterior que las detenciones fueron un mecanismo para contener las protestas y denuncian violaciones a los derechos humanos.
Frente a estas acusaciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el presidente Nicolás Maduro se pronunciaron enérgicamente, rechazando lo que consideran “falsas acusaciones” y argumentando que los detenidos están involucrados en “acciones terroristas” organizadas y que se han respetado todas las garantías procesales.
Los hechos
Tras las elecciones presidenciales del 28J, Venezuela se sumió en una ola de violencia que dejó más de una veintena de muertos y 192 heridos.
Las mismas se desataron tras declaraciones de la líder de extrema derecha, María Corina Machado, en las cuales convocó a desconocer los resultados expresados por el Consejo Nacional Electoral. El llamado fue respondido por grupos de manifestantes tomaron las calles de Caracas y otras ciudades del país.
La situación escaló rápidamente cuando, a partir de las 17:00 horas del 29 de julio, comenzaron a aparecer en las vías públicas grupos de encapuchados. Estos grupos iniciaron actos de vandalismo, quemando afiches, tirando abajo monumentos, incendiando organismos públicos, volteando contenedores de basura y bloqueando las calles con troncos y neumáticos.
A medida que caía la noche, las redes sociales se inundaron de videos que mostraban la violencia en aumento. Los propios ejecutores de estos actos narraban sus acciones, mientras amenazaban con «ir por ellos», refiriéndose al gobierno.
La violencia dejó un saldo trágico: 25 personas muertas y cientos de heridos. Los asesinatos fueron brutales, con víctimas que recibieron disparos en la cabeza, apuñalamientos y ejecuciones a sangre fría.
La versión de la Fiscalía
Según la reconstrucción expresado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, estas acciones fueron dirigidas por «Los Comanditos» a los cuales definió como «grupos delincuenciales instrumentalizados» por las fuerzas de oposición extrema venezolana liderados por María Corina Machado.
Según Saab, estas agrupaciones clandestinas fueron creadas con el objetivo de ejecutar actos de violencia y desestabilización y aunque su existencia ha sido denunciada por el gobierno, su verdadera naturaleza y alcance siguen siendo objeto de investigación.
El accionar de estas células fue coordinado, a criterio de la Fiscalía, con la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) que desconoció los resultados oficiales, que daban como ganador a Nicolás Maduro, y presentaron resultados paralelos proclamando al margen de toda institucionalidad a Edmundo González Urrutia como vencedor.
En base a esta reconstrucción, el fiscal general, Tarek William Saab, defendió las detenciones, argumentando que las personas arrestadas durante las jornadas del 28 y 29 de julio fueron participantes en actividades “terroristas” coordinadas y financiadas por sectores de la “ultraderecha” venezolana.
Saab informó que el Ministerio Público posee “260 videos que documentan la acción de estos grupos criminales”, los cuales muestran actos de violencia que incluyen ataques a instalaciones gubernamentales y agresiones a funcionarios del Estado.
Consideró además que las pruebas presentadas son «irrefutables» y revelan la naturaleza de las acciones llevadas a cabo en el contexto de la crisis poselectoral.
“En Venezuela no hay presos políticos ni menores encarcelados injustamente; lo que hay son personas que cometieron delitos graves y fueron judicializadas conforme a la ley”, sostuvo Saab en un comunicado emitido el lunes.
También aseguró que los menores involucrados en los disturbios fueron tratados conforme a la normativa de justicia juvenil del país, negando que se les mantenga en instalaciones militares y asegurando que están en centros de detención especializados.
Cuestionamientos y campaña mediática internacional
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática insiste en que las detenciones están motivadas políticamente y exigen la liberación de los “presos de conciencia”, incluyendo menores y personas en condiciones de salud delicadas.
Según la coalición opositora, estas personas han sido privadas de la asistencia legal adecuada y se encuentran en condiciones de reclusión inhumanas. Para la oposición, el gobierno de Maduro utiliza estos encarcelamientos como medida represiva contra quienes rechazan su administración y sus prácticas electorales.
En respuesta, el fiscal Saab negó categóricamente tales afirmaciones y enfatizó que no existen “presos de conciencia” en Venezuela. Saab desestimó las denuncias de falta de acceso a abogados de confianza para los detenidos, afirmando que el Ministerio Público ha garantizado que todos los implicados cuentan con la debida representación legal.
Agregó que algunos de los detenidos participaron en ataques que resultaron en la muerte de cuatro personas y múltiples heridos, incluidos funcionarios de seguridad. “Estos individuos no están en prisión por sus ideas políticas, sino por su participación en actos de violencia que atentaron contra el bienestar de nuestra nación”, puntualizó el fiscal.
“No son presos políticos, son criminales”, enfatizó el fiscal general.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el desarrollo de una campaña mediática internacional para desacreditar la democracia venezolana, aprovechando los incidentes poselectorales para crear una imagen negativa del gobierno ante la comunidad internacional.
El jefe de Estado afirmó que sectores opositores están financiando a medios internacionales para presentar un relato distorsionado de la realidad en el país. En sus palabras, “la oposición busca vender al mundo la imagen de un país en caos, cuando en realidad la mayoría de los venezolanos desea paz y estabilidad”.
En este sentido, el fiscal Saab hizo un llamado a la comunidad internacional a considerar los hechos presentados por el gobierno y a no dejarse influenciar por “informaciones manipuladas que carecen de fundamento”. Para Saab, la estabilidad y la paz de Venezuela deben ser preservadas y cualquier intento de “convertir los disturbios en una excusa para intervenciones externas debe ser rechazado”.
Recientemente, en su programa de televisión semanal, “Con Maduro+”. Maduro respaldó las declaraciones de Saab, enfatizando que en Venezuela no se permite la impunidad y que se debe aplicar la justicia, independientemente de la edad de los involucrados.
Para el mandatario, las protestas que surgieron tras el anuncio de su victoria no fueron legítimas expresiones populares, sino intentos premeditados de desestabilización financiados desde el exterior.
“Aquí en Venezuela hay un trato especial para los menores de edad que cometen delitos. No somos como en otros países, donde a los niños se les trata como adultos ante la ley. Pero eso no implica que la ley no se aplique. No podemos darles luz verde para cometer delitos graves,” subrayó Maduro, comparando el tratamiento venezolano de los menores infractores con el de otros países como Estados Unidos o Israel, donde, según él, menores han sido encarcelados de por vida.
Además, Maduro reiteró que la rápida actuación de los cuerpos de seguridad en Venezuela ayudó a “evitar una guerra civil” y que “las acciones de los organismos del Estado salvaron la vida de muchos venezolanos, así como la paz y la democracia”. Según el presidente, los líderes opositores que promovieron el “supuesto fraude electoral” buscan ahora manipular la opinión pública internacional con acusaciones sin fundamento.
Autor: teleSUR - Nicolás Hernández
Fuente: teleSUR - Ministerio Público - Con Maduro - PUD - EFE
